Telegram es objeto de una disputa judicial, en un debate en la intersección entre privacidad, libertad de expresión y derechos de autor. Los más de ocho millones y medio de usuarios de la aplicación en el país podrían ver bloqueado su acceso, en una medida que se ha tomado a petición de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus. Grupos de medios han denunciado la aplicación porque, en algunos de sus canales, se comparten contenidos protegidos por derechos de autor. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dictó este sábado una orden para que, dentro de las tres horas siguientes a su recepción, los operadores suspendan los recursos asociados a Telegram.
«Es como si se decidiera cerrar completamente una provincia de nuestro país porque se produjo un caso de tráfico de drogas o un robo dentro del territorio», declaró este sábado el presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de España, Fernando Suárez. Pero el caso tiene más matices. Siguiendo con el símil, es como si el líder de esa provincia se negara a colaborar con la policía para garantizar el anonimato y la libertad de toda la población, incluidos los delincuentes. Y esta actitud pone sobre la mesa un debate que trasciende lo jurídico.
Telegram es una aplicación de mensajería instantánea, lanzada en 2013, y dirigida por el empresario de origen ruso Pavel Durov. Desde sus inicios se destacó como una alternativa a WhatsApp para la libertad y privacidad del usuario, negándose a compartir información con las autoridades, como lo hace la aplicación Meta. Esto convirtió a Telegram en el canal de comunicación utilizado por disidentes en regímenes autoritarios como Rusia o Irán, donde ha sido utilizado para organizar protestas. Pero también ha hecho que florezcan canales de contenidos sensibles y protegidos del anonimato: venta de drogas, actividades de extrema derecha, desinformación, difusión de contenidos violentos, pornografía infantil o terrorismo. Sin ir más lejos, el Estado Islámico se atribuyó este viernes el atentado de Moscú en su canal Telegram.
Si WhatsApp fuera Internet, Telegram sería el red oscura, un lugar anárquico y anónimo, con todo lo que ello conlleva. “La diferencia es que es más sencillo, más fácil de usar y mucho más democratizado”, explica el experto en ciberseguridad Rafel López, que acepta la comparación, aunque con matices. Además, y precisamente por eso, es mucho más popular. Cualquiera puede descargar y empezar a utilizar Telegram aunque no tenga conocimientos de informática. Más de 900 millones de personas lo han hecho. Su interfaz es similar a la de WhatsApp. Sus agallas también. “La arquitectura no es muy diferente”, reconoce el experto, “pero en WhatsApp hay puertas traseras por las que entra la NSA y distintas agencias de inteligencia. No en Telegram. Aquí no se comparte nada”.
Este anonimato virtual está garantizado físicamente. Mientras que los servidores de Meta están ubicados en el área en la que operan, los de Telegram están dispersos por todo el mundo. “La empresa matriz está ubicada en las Islas Vírgenes Británicas; La empresa operadora tiene su sede en Dubai; El domicilio legal y la sede están en Londres, y cuenta con servidores distribuidos por todo el mundo, muchas veces en países que no tienen tratados de colaboración con terceros países”, explica López. Esto hace que sea muy difícil obligar a la empresa a entregar sus datos o cerrar su servicio en un país.
Lo que pretende la justicia española es pedir a los operadores españoles que filtren el contenido y prohíban el acceso a esta red. “Eso se puede hacer tecnológicamente, pero no es efectivo”, afirma el experto. “Telegram ya tiene medidas para evitar que un operador nacional bloquee su servicio”. La aplicación en sí incluye un servicio. apoderado fingir que la conexión se realiza desde otro país.
Es lo que ocurre en países como China, Cuba, Pakistán, Irán y Tailandia, donde su uso está prohibido, pero muchos usuarios lo eluden sistemáticamente. También sucedió en Brasil, donde un juez suspendió el servicio de la aplicación el pasado mes de abril porque la empresa se negó a colaborar en una investigación contra grupos neonazis. “Todas las grandes aplicaciones de redes sociales son blanco fácil de críticas debido al contenido que albergan”, declaró Durov en su canal de Telegram. «No recuerdo ninguna plataforma social importante cuya moderación haya sido elogiada constantemente por los medios tradicionales». En cualquier caso, el empresario aseguró que con el tiempo resolverían cualquier desafío respetando “la eficiencia, la innovación, la privacidad y la libertad de expresión”.
“Una cosa es que Telegram haya surgido como una herramienta para luchar contra los regímenes autoritarios”, afirma. Borja Adsuara Varela, experto en derecho digital. «Pero otra cosa es que se niegue a colaborar con un juez en un Estado democrático, porque entonces nos enfrentaremos a una lucha entre el Estado de derecho y los nuevos signos feudales».
Adsuara cree que lo importante aquí no es tanto el fondo de la denuncia. “Este debate es viejo, ya lo tuvimos en los años noventa con las redes P2P, que intentaron cerrarse”, explica. Luego los jueces decidieron que compartir contenidos entre individuos no es un delito si no existe ánimo de lucro. Compartir canciones en eMule en los primeros dos mil años es tan legal como subir series a Telegram hoy en día. Siempre y cuando no cobres por ello. Pero, además, muchos usuarios no están utilizando estas aplicaciones con este fin.
El problema, apunta el experto, es que hay una gran empresa que se niega a colaborar con la justicia. Y éste ha decidido intentarlo. “Sería impensable que lo hiciera una empresa española o europea, que un juez pidiera datos para una investigación y se los denegara, metiendo al director general en prisión por obstrucción a la justicia”.
La denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus se centra en los derechos de autor, pero es un aspecto procesal, la falta de colaboración de la aplicación con los regímenes democráticos, lo que ha suscitado un debate más profundo. Todos los expertos consultados coinciden en señalar el carácter desproporcionado de las medidas y su ineficacia. Destacan el hecho sorprendente de que no se les ha abordado una investigación mucho más seria y relevante para la sociedad. Pero señalan que en esta batalla legal se debate algo más que la piratería de un par de series o partidos de fútbol. Se trata de decidir si queremos una Internet más anónima o con menos impunidad.
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