La disparidad en la carga laboral entre los Juzgados en Materia de Corrupción, Competencia Nacional y Extorsión obligó a las máximas autoridades del Poder Judicial a replantear la distribución del trabajo entre esas jurisdicciones para eficientar el uso del recurso humano y económico.
Las desigualdades en cuanto a la cantidad de expedientes que ingresaban a uno y a otro juzgado estaba propiciando una enorme mora judicial en un juzgado. Entre tanto, una exigua cantidad de expedientes recibidos en otros tribunales provocaba el desperdicio o inutilización del recurso humano existente.
Entre 2018 y febrero de 2023, los Juzgados de Letras en Materia de Corrupción, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, recibieron 65 expedientes judiciales.
En ese mismo lapso, los Juzgados de Letras con Competencia Nacional ingresaron 430 casos. Mientras que los Juzgados en Materia de Extorsión, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, contabilizaron el ingreso de 1,952 expedientes judiciales por esa causa y otros delitos conexos.
Estos valores nominales, que suman los 2,447 casos, reflejan que en términos porcentuales el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción solo recibió el 3%, Competencia Nacional el 17% y Extorsión el 80% de los expedientes.
Pero la gran diferencia se refleja en el hecho de que las tres jurisdicciones del Poder Judicial -hasta hace unos días- contaban con similar cantidad de jueces e igual número de personal auxiliar, pero la carga laboral distaba mucho entre uno y otro.
Costos
Esta situación derivaba en que solo una sentencia en los tribunales dedicados a conocer casos de corrupción llegó a costar en su momento al Estado cerca de 3,636,691 lempiras.
¿A qué se debió esto? Debido a que los Juzgados en Materia de Corrupción en 2018 solo registraron el ingreso de dos expedientes judiciales y el Poder Judicial reportó que justo en ese año invirtió en pago de personal, logística y demás, un total de 7,273,382 lempiras.
Julissa Aguilar, ahora magistrada del Circuito Judicial en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, respaldó la tesis de las diferencias en la carga laboral que se dieron en los últimos cinco años.
“Las razones fueron porque en principio en el Tribunal de Sentencias y en el Juzgado de Letras de Corrupción no habían ingresos. Estuvo paralizado prácticamente durante nueve meses sin que le entrara un solo requerimiento fiscal”, precisó Aguilar.
Agregó: “Esto implicaba que todo el Circuito de Corrupción, hablamos de magistrados, jueces y Tribunal de Sentencias, absolutamente todos estaban paralizados”. Esto originó que el costo de los casos que se ventilaron en estos juzgados y que llegaron a una sentencia definitiva fueran muy elevados.
Para saber
13 millones de lempiras aproximadamente invirtió el Estado de Honduras en cinco años en los Juzgados en Materia de Corrupción
La disparidad de costos fue tan evidente entre una sentencia de un caso de corrupción y una de extorsión que en 2018 los expedientes conocidos y, algunos finalizados, sobre delitos de extorsión y conexos le costaron al Estado 154,054 lempiras, frente a los más de siete millones que se invirtieron solo en dos casos en corrupción.
“Extorsión estaba muy saturado, muy cargado de trabajo y con mucha mora, en cambio Corrupción estaba con menos carga laboral”, explicó Aguilar.
Es por esa razón que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia determinó en los últimos meses crear el nuevo Circuito Judicial en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, para unificar los juzgados y compartir la carga. Los jueces fueron distribuidos.
