La sociedad Prosol Energía, propiedad del consejero delegado de Eidf, Fernando Romero Martínez, ha comprado un total de 70.246 acciones de la compañía entre los días 29 y 30 de agosto por un importe de 575.763 euros, según la documentación remitida por la compañía a BME Growth.
En concreto, Romero ejecutó una primera operación el día 29 de agosto en la que adquirió 68.646 acciones a un precio medio de 8,29 euros, mientras que al día siguiente se hizo con un paquete de 1.600 títulos a un precio medio de 4,18 euros.
Esta operación ha tenido lugar en mitad de la crisis que afronta Eidf después de que el pasado 24 de agosto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acusase a la compañía de no dar una información completa al mercado y de hacer «omisiones muy relevantes».
El supervisor bursátil hizo público un requerimiento remitido a Eidf el pasado 21 de agosto en el que le comunicaba que la información presentada por la empresa la semana anterior, después de cuatro meses suspendida de cotización, era incompleta y podría «inducir a confusión del público».
Además, la CNMV advirtió en este documento de que el informe ‘forensic’ de Deloitte omitido por la compañía incluía un relato de hechos y evidencias «de gran trascendencia» para los accionistas.
El grupo, debido a las discrepancias con su auditor PwC, no pudo presentar las cuentas de 2022 dentro del plazo legal, que expiraba a finales del mes de abril, y contrató, posteriormente, los servicios de Deloitte para llevar a cabo «una investigación tendente a analizar y a recabar evidencias relativas a incidencias y/o discrepancias» mantenidas con PwC en el proceso de auditoría.
A su vez, el lunes 4 de septiembre la compañía hacía público un primer avance de los resultados del dictamen jurídico de KPMG sobre el informe ‘forensic’ elaborado por Deloitte, en el que se pone de manifiesto que «no existen negocios jurídico simulados, ni de otra forma anómalos (fraudulentos, fiduciarios o indirectos)».
Sin embargo, estas afirmaciones compartidas por Eidf se sacan de un documento que sirve de asesoramiento legal y no hace ejercicio crítico a la labor llevada a cabo por Deloitte o la CNMV, según comentaron expertos de la materia consultados por Europa Press.
