Worldcoin, el proyecto de criptomonedas que desde julio del año pasado ha recopilado imágenes del iris de unos 400.000 españoles, emprenderá acciones legales, afirma, contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Este organismo ha prohibido a Worldcoin seguir recopilando datos biométricos de sus usuarios durante los próximos tres meses y le ha obligado a bloquear esta información hasta nuevo aviso.
La empresa con sede en San Francisco y Berlín y propiedad de Sam Altman, máximo responsable del desarrollo de ChatGPT, considera que la medida cautelar de la AEPD contraviene la normativa europea y es, por tanto, ilegal. De momento, la empresa no especifica qué medidas legales se plantea implementar contra la AEPD.
«Worldcoin cumple plenamente con todas las leyes y regulaciones que rigen la recopilación y transferencia de datos biométricos, incluido el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR)», dice un portavoz de la compañía, y agrega que han estado en conversaciones con la Autoridad de Protección de Datos de Baviera (BayLDA). ). Ese estado alemán es donde se aloja Tools for Humanity, la empresa que recopila y almacena imágenes de alta definición de los iris de los usuarios de Worldcoin.
“Nuestra investigación jurídica y técnica avanza”, señalan a este diario fuentes de BayLDA. “Como autoridad principal, ya hemos analizado una gran cantidad de documentos y también hemos realizado controles in situ que nos permitirán presentar el procedimiento muy pronto a nuestros colegas europeos con una evaluación final. Esto incluirá también evaluaciones sobre los temas que nos enviaron nuestros compañeros españoles”, señalan.
Worldcoin utiliza los llamados Orbs para recopilar datos biométricos. Se trata de esferas metálicas del tamaño de un balón de fútbol sala que fotografían los iris de los interesados y les dan acceso a la moneda digital Worldcoin. Desde que el valor de cambio de la criptomoneda subió hace dos semanas, situando las 13 monedas Worldcoin liberadas tras el escaneo del iris en unos 80 euros, las colas alrededor de los ya 30 puestos que Worldcoin tiene ubicados en los centros comerciales no han disminuido.
Para utilizar un Orb, los usuarios deben descargar una aplicación en su teléfono móvil y recibir un código QR. La foto del iris actúa como “prueba de humanidad” (el sistema asegura que la solicitud la realiza una persona y no una máquina). La imagen también está asociada al código QR, tras lo cual la aplicación se transforma en un pasaporte llamado World ID, la billetera donde se almacenan las Worldcoins. Según Altman, el pasaporte y la billetera que promueve serán clave para gestionar financieramente, y tal vez para recaudar un ingreso universal, en un futuro dominado por la inteligencia artificial.
“La medida cautelar de la autoridad española viola los requisitos del RGPD y es ilegal. Esta situación podría haberse evitado si la AEPD hubiera seguido el proceso legal establecido y aplicable en toda Europa”, afirma Tim Yurl, abogado de privacidad de datos y socio de Latham & Watkins, el despacho de abogados que asesora a Worldcoin en Europa. “Nos decepcionó que el regulador español eludiera el proceso y las normas aceptadas en la UE, lo que no nos deja otro recurso que presentar una demanda”, apuntan desde Worldcoin.
Según el RGPD, sólo la autoridad de protección de datos del país en el que tiene su sede una empresa que opera en la UE es competente para exigirle responsabilidades. “La propia AEPD reconoció el miércoles, cuando dijo que la sede europea de Worldcoin está en Baviera, que la autoridad española no es la competente: en cualquier caso será la alemana o la propia UE”, explica Borja Adsuara, Consultor y experto en derecho digital.
Desde la AEPD, sin embargo, sostienen que el artículo 66.1 del RGPD establece que, en circunstancias excepcionales, cuando una autoridad de control interesada (en este caso la AEPD) considere urgente intervenir para proteger los derechos y libertades de las personas, podrá adoptar medidas provisionales con efectos legales en su territorio por un plazo máximo de tres meses. La adopción de medidas cautelares estaría así justificada “para evitar daños potencialmente irreparables”.
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