Una alumna de 14 años de un centro educativo de Valencia ha suspendido la asignatura de Geografía en el pasado curso solamente por hacer el examen en castellano -su lengua materna– y no en valenciano, y su familia lleva varios meses reclamando ante la Conselleria de Educación y también judicialmente (con ayuda de la asociación Hablamos Español) que se evalúe y se ponga nota a esa prueba, sin éxito.
Aunque ha continuado en el siguiente año académico sin repetir, ya que tenía el resto de materias aprobadas, esta adolescente finalmente ha accedido a examinarse de nuevo a posteriori, en valenciano, para conseguir el aprobado y no dejar con esta mancha anterior en su expediente académico global. Aun así, no renuncia a ver atendida su reclamación y dar validez a la prueba inicial.
Antes de ese desenlace provisional, la madre de la alumna había presentado una impugnación contra aquella penalización argumentada no por criterios de conocimiento de la asignatura, sino por el idioma. Asimismo, también solicitó que se le entregaran los «criterios de calificación y corrección de asignaturas que vehiculan en valenciano».
No tienen queja del centro educativo -en el que también está matriculado el hermano pequeño de esta alumna- y prefieren mantener el anonimato, con la única pretensión de que dejen expresarse en su lengua materna en los exámenes «para no bajar el rendimiento», tal como han argumentado en sus escritos ante la Administración.
Según detallaron en su escrito de impugnación, «a la alumna no se le ha calificado en el examen de Geografía y en una anotación al margen en la hoja del examen, el profesor hace constar lo siguiente: No calificada. La alumna no utiliza la lengua vehicular de la asignatura».
Precisamente ahí radica la justificación del inesperado suspenso: por la Ley de Plurilingüismo, se puede incluso dar la paradoja de que escolares exentos de aprender valenciano por estar en zonas de predominio castellanohablante (no es este caso), sí deben aprender en ese idioma no materno otras asignaturas troncales, no lingüísticas. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, anunció que esa imposición desaparecerá tras una reforma de la citada ley, aunque se aplicarán el próximo curso 2023-2024.
Además, continúan en su relato de lo sucedido con más información de lo que consideran la discriminación: «la calificación que figura en el boletín de notas de la primera evaluación es insuficiente, a pesar de que la alumna demostró en la prueba escrita unos conocimientos de la materia que no se corresponden a un suspenso». Ante esta situación, en la impugnación tramitada con el asesoramiento legal de Hablamos Español se concluye que «se le han aplicado unos criterios de calificación ilegales».
«Valentía y tenacidad de la niña y su familia»
«Todos los que estamos a favor de una política lingüística que anteponga los derechos de los alumnos y su mejor educación, a los supuestos derechos de las lenguas, tenemos que agradecerle a esta niña y a su familia su valentía y su tenacidad», ha señalado Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español.
«Nos parecía importante que un juez le dijera a la Consejería de Educación que, efectivamente, hay que permitir en uso de la lengua oficial del alumno en la elaboración de exámenes y trabajos: hay que valorar sus conocimientos de la asignatura, no la lengua en la que se expresan», ha abundado.
Lago también hace énfasis en que no se trata de un caso aislado, sino que hay otros alumnos afectados por el mero hecho de hacer exámenes en castellano y no en valenciano: «Además, no existe sanción prevista, sino un desbarajuste de penalizaciones que varían de forma notoria de un centro a otro. La inseguridad jurídica es total».
Asimismo, desde Hablamos Español esperan que el cambio de signo político en la Generalitat Valenciana propicie una resolución de estas situaciones. «Ahora que el consejero es de un partido que se solidarizó con alumnos sancionados por este motivo cuando gobernaba el bipartito, confiábamos en poder sacar el caso de esta niña de los tribunales, pero la actual Consejería de Educación se niega a solucionar este caso y nos responde con argumentos inconsistentes y con excusas banales», ha lamentado.
«Les pedimos que recapaciten. No se puede exponer a los alumnos a ser unos héroes, mucho menos cuando has ganado las elecciones prometiendo acabar con estas prácticas contrarias a la libertad de elección de lengua», ha instado Lago a los actuales dirigentes autonómicos.
En los escritos presentados ante los tribunales, Hablamos Español ha esgrimido sentencias en Cataluña y Galicia, donde la denominada inmersión lingüística, en la práctica, la sustitución del castellano por el catalán y el gallego, respectivamente, está más avanzada que en la Comunidad Valenciana. No obstante, en estos fallos judiciales se precisa que el profesor puede dar clase en el idioma oficial que prefiera, pero en ningún caso eso implica que el alumno tenga que examinarse en uno u otro por imposición, y también tiene derecho a utilizar el material didáctico en su lengua materna, además de -por supuesto- examinarse en la que elija libremente.
