Tegucigalpa
Aunque su esencia es regular la descontrolada venta de chips, la conocida como ley de escuchas es una trampa, considera la oposición política del país.
Los diputados opositores consideraron -en diversos comunicados- que la trampa está en los artículos 21, 23 y 25 de la iniciativa que se discute en el Congreso Nacional, lo que permiten intervenir las redes sociales sin orden judicial y tener acceso a la base de datos.
El artículo 21 contempla que las “telecomunicaciones deben poner a disposición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y del Ministerio Público mediante acceso digital la información sobre la celda, ubicación, coordenadas de la torre, lugar, fecha y hora que ocurrió la última conexión de un equipo móvil, en un término no mayor a 24 horas contadas a partir de la recepción de la solicitud de información”.
Mientras que el artículo 23 de la iniciativa dice que “los operadores y suboperadores del servicio de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar información de los registros técnicos de las comunicaciones cursadas intrared, así como de las cursadas hacia otras redes, en un término no mayor a las veinticuatro (24) horas, cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o la autoridad judicial, con el objetivo de contribuir al proceso investigativo de los casos sometidos a su competencia”.
“Esta ley viola todos sus derechos de privacidad, libertad, porque lo que pretende es tener súbditos, generar zozobra, miedo. Si esta ley, así como está, la pretenden llevar a un tercer debate, va a tener otro revés; ninguna bancada los va a acompañar”, aseguró Lissi Cano, diputada del Partido Nacional.
