TEGUCIGALPA, HONDURAS. – ¿Dónde están? ¿Quiénes las tienen? ¿Se concretó realmente la adquisición? ¿Qué fue lo que pasó con las más de 100 ambulancias compradas en el gobierno pasado por el Sistema Nacional de Emergencias (911) y que hasta la fecha están desaparecidas? Estas son las preguntas que se plantea la sociedad hondureña sobre lo que parece ser un nuevo capítulo de corrupción que se suma a la tumultuosa historia del país.
LA PRENSA Premium tuvo acceso a documentos y facturas de compra de al menos 163 ambulancias, realizada por la institución mediante contratación directa a través de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Los desembolsos, indican los documentos revisados por este medio, se realizaron entre mayo de 2017, justo después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) aprobara la millonaria compra, y septiembre de 2018.
Este rotativo también identificó registros de transferencias del portal de transparencia, que indican que fueron 70.7 millones de lempiras desembolsados para la adquisición de ambulancias destinadas al SNE, pero que hasta la fecha se desconoce su paradero.
De acuerdo a los documentos, el proyecto, denominado “Adquisición de unidades de ambulancia para el Sistema Nacional de Emergencias (911)”, se completaría en dos fases: una primera adquisición de 40 ambulancias valoradas en 2,100,000 dólares (equivalentes a aproximadamente 52 millones de lempiras).
Una vez realizada la primera compra, comenzaría la segunda fase de adquisición de 123 vehículos de asistencia para llega a un total de 163 unidades de emergencia, pero no hay constancia de más fondos liberados, así como tampoco de la cantidad de unidades compradas, más allá de lo que se consigna en la resolución del CNDS.
Según se menciona en el texto, el proyecto fue implementado para hacerle frente a la demanda de ambulancias que enfrentaba el país durante los años en mención, donde la población era de 8,570,154 millones de habitantes y la cantidad de unidades de emergencia estaba desproporcionada.
“Honduras tiene una flota de aproximadamente 120 unidades de ambulancia a través del territorio nacional, de las cuales, la mayoría corresponden a empresas privadas que cobran por los servicios que ofrecen o por instituciones como la Policía Nacional que limitan el uso a sus empleados únicamente”, agrega el texto.
“Basado en las necesidades del pueblo hondureño, es necesario y urgente adquirir un aproximado de 163 ambulancias para atender las emergencias a nivel nacional; debido a la infraestructura del país, la adecuación de vehículos es más sostenible” argumenta la certificación 015-2017 emitida por el CNDS en febrero de 2017.
Sin embargo, las pocas facturas existentes indican se realizó la compra no solo de vehículos sino también motocicletas tipo ambulancias, las cuales también están perdidas.
Las facturas en mención fueron firmadas por Lisandro Rosales, exdirector del Sistema Nacional de Emergencias (911), por lo que este rotativo intentó contactarse con el exfuncionario, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Algunas fuentes, indicaron que estaría fuera del país, pero esta información no ha sido verificada.
Desembolsos
Uno de los grandes problemas con respecto a las adquisiciones mediante fondos de la Tasa de Seguridad es la poca opacidad. Muchas de las compras fueron vía contratación directa y sin comprobantes disponibles, bajo el argumento de la reserva de información por motivos de seguridad nacional.
Justamente eso sucedió con el proyecto de las ambulancias del 911, del cual no hay facturas ni documentación de respaldo consolidada de forma total, apenas hay reportes aislados.
Del total de la compra de las ambulancias, la mayoría de desembolsos se mantuvieron constantes en un rango de 3.5 millones de lempiras y 8.3 millones de lempiras, no obstante, hay una transferencia alta por el orden de 21.4 millones de lempiras el 24 de agosto de 2017. Este es de los pocos montos de los que consta oficio de desembolso.
« “Todo acto de corrupción debe ser sancionado por un juez. No es posible que se hayan perdido tantas ambulancias”. «
Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)
En el oficio No.028-Cecop-SNE911-2017, el entonces subdirector del 911, Juan Carlos Zelaya, le solicitó al entonces director ejecutivo del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza, en julio de 2017 autorizar el desembolso por el orden de 21.4 millones de lempiras para el proyecto de Unidad de Emergencias Médicas (UME), aprobado en la resolución CNDS 015-2017.
Casi un mes después, el 15 de agosto de 2017, el entonces director titular por el Cohep y coordinador del comité técnico del fideicomiso, Juan Ramón Molina, junto con la directora suplente por el gobierno, Lourdes Hernández, solicitaron al Banco Central de Honduras debitar esa cantidad para depositarla al proyecto UME de la Tasa de Seguridad.
De otras transferencias no hay constancia como tal.
En la búsqueda también se logró identificar que de la Tasa de Seguridad salieron fondos para pagar los gastos operativos de la Unidad Médica de Emergencias, entre abril de 2018 y diciembre de 2018.
Por este gasto, según cálculos de LA PRENSA Premium, se pagaron 54.3 millones de lempiras.
Si se suman estas dos líneas de presupuesto (adquisición de las ambulancias y los gastos operativos) la cantidad erogada alcanza los 124.9 millones de lempiras.
Sin equipo
La falta de ambulancias en Honduras empeoró con los años, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ciudades que serían priorizadas en la compra de las ambulancias en 2017, pero que a la fecha siguen operando con intermediarios a través de la línea del 911 por la falta de equipo.
LA PRENSA PREMIUM realizó un recorrido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), donde constató que hay varias ambulancias en mal estado en los planteles de la institución.
Una fuente de la comisión interventora del Sistema de Emergencia del 911, creada por la presidenta Xiomara Castro desde febrero pasado y cuya gestión tendrá una duración de un año prorrogable, reveló que en la capital apenas funcionan tres ambulancias compradas por la institución que funcionan en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Además de las tres ambulancias en mención, en Tegucigalpa solo están operando cuatro vehículos de emergencia de la Cruz Roja Hondureña (CRH) así como las que pone a disposición el Cuerpo de Bomberos de Honduras (CBH).
Lo mismo ocurre en San Pedro Sula, donde el 911 solo tienen en funcionamiento nueve vehículos de emergencia por parte de Copeco, para casi un millón de habitantes que reside en la zona, sin sumar a quienes la visitan para trabajar y estudiar.
De hecho, en las últimas semanas el SNE recibió una denuncia en su contra por supuestamente no atender a tiempo a un ciudadano que reportó una emergencia en la capital. Ante ello, la institución desmintió la situación que coordinó con otros entes de socorro y aprovechó para emitir un comunicado sobre la falta de unidades por el presunto saqueo.
Piden justicia
La fuente de la interventora del SNE confirmó a este rotativo que la documentación del traslado de los más de cien bienes no está registrada, por lo que creen que hay personas en el interior del país que tienen algunos de los vehículos que fueron comprados.
Otra de sus teorías sobre la compra de las ambulancias es que algunas no fueron reales, lo que abre la brecha de un posible saqueo millonario al gobierno de Honduras, una práctica con incidencias en otras instituciones del país.
Al respecto, Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), lamentó la falta de voluntad política para acelerar la investigación de las ambulancias adquiridas por el 911 hace seis años.
”Ya se debería saber el paradero de las más de cien ambulancias e incluso, si se desconoce, pues tiene que existir una ruta de quienes fueron las personas involucradas y las autoridades tienen que requerirlas para saber lo que ocurrió, así como el paradero de las mismas, pero lo que pasa es que no ha existido voluntad política para realizar ese ejercicio de rendición de cuentas”, expresó.
La postura de Aguilar fue respaldada por el abogado Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), quien hizo un llamado a las autoridades a dar con el paradero de las ambulancias y exponer a los responsables con las debidas pruebas.
”Nosotros como sector privado creemos que todo acto de corrupción debe ser sancionado por un juez. No es posible que se hayan perdido tantas ambulancias. En cada institución hay un auditor y esa persona debe saber si se hizo o no. Consideramos que una sentencia ejemplar en este caso será esencial para evitar estas situaciones”, manifestó.
Urtecho lamentó el cierre del fideicomiso sin una debida investigación, por lo que pidió a las autoridades agilidad para presentar al menos un informe con los primeros hallazgos a la brevedad.
”Esperamos que la Uferco no se tarde años en investigar y conste que no, no ocupan dinero para indagar sobre el paradero de los bienes”, agregó.
Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité de Defensa de Derechos Humanos (Codeh), se sumó a la petición de una investigación responsable por parte de las autoridades para encontrar las decenas de ambulancias perdidas. “Si se compraron ambulancias, hombre, que se haga un inventario y se investigue el caso”, expresó.
Este medio consultó sobre el tema con Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, quien informó que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ya tiene abierta una investigación para determinar lo ocurrido, pero todavía no hay avances.
