Ante un posible retorno de políticas comerciales proteccionistas por parte de Estados Unidos, analistas internacionales han advertido que varios países latinoamericanos, especialmente El Salvador, Bolivia y Honduras, figuran entre las economías más expuestas y vulnerables ante una eventual imposición de nuevos aranceles. El escenario planteado responde a las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien ha prometido, en el marco de su nueva campaña presidencial, establecer una tarifa general del 10% a las importaciones si regresa a la Casa Blanca.
Este tipo de política arancelaria podría tener un efecto directo y considerable en países que dependen en gran medida de las exportaciones al mercado estadounidense, además de contar con una diversificación productiva limitada. Según evaluaciones recientes, El Salvador, Bolivia y Honduras no solo enfrentan una alta exposición comercial, sino también limitaciones fiscales y estructurales que complicarían su habilidad para mitigar los impactos de estas medidas.
El Salvador, por ejemplo, exporta más del 40% de sus productos a Estados Unidos. Su economía, que ha tenido dificultades para diversificar su base industrial, también depende en gran medida de las remesas, por lo que una posible afectación a las relaciones bilaterales con Washington podría tener efectos múltiples. A esto se suma el reducido margen fiscal y un limitado acceso a financiamiento externo en condiciones favorables.
Honduras se encuentra en una situación parecida. Esta nación de Centroamérica también depende del intercambio comercial con los Estados Unidos y su base de exportación está muy enfocada en productos agrícolas y manufactura liviana, particularmente en el ámbito textil. La implementación de aranceles podría aumentar el costo de sus productos en el mercado estadounidense, lo que podría disminuir la competitividad de sus sectores industriales y tener un impacto negativo en el empleo nacional.
Bolivia, aunque con una relación comercial menos intensa con Estados Unidos que sus pares centroamericanos, no escapa a la vulnerabilidad. La economía boliviana experimenta desde hace varios años un deterioro progresivo en sus indicadores fiscales, aumento del déficit, reservas internacionales en descenso y un modelo económico centrado en exportaciones de materias primas que la hace sensible a los vaivenes del comercio internacional. En este contexto, cualquier medida que limite su acceso a mercados clave o que incremente los costos de entrada podría agravar su situación.
Por otra parte, varios países de América Latina han buscado diversificar sus mercados y establecer alianzas comerciales con otras regiones como Asia y Europa. Sin embargo, esa transición es lenta y requiere importantes inversiones en infraestructura, logística y adaptación de estándares. Para países con restricciones presupuestarias, altos niveles de informalidad y presiones sociales internas, esa estrategia es más compleja de implementar en el corto plazo.
De concretarse la imposición de aranceles generalizados, se espera una reconfiguración del comercio global con efectos dispares. Las economías más grandes de América Latina, como Brasil, México o Colombia, con mercados internos más robustos y estructuras exportadoras más diversificadas, tendrían mayor margen para maniobrar. En cambio, los países más pequeños, con economías frágiles, se verían obligados a buscar alternativas inmediatas, lo cual implicaría ajustes fiscales, programas de apoyo a sectores exportadores o una renegociación de acuerdos bilaterales.
La situación también despierta preocupación en organismos multilaterales y bloques regionales, que advierten sobre los efectos desestabilizadores de políticas comerciales unilaterales en economías emergentes. En particular, se subraya la necesidad de fortalecer las cadenas de valor regionales, promover la integración económica y facilitar mecanismos de financiamiento que permitan a los países más vulnerables responder con mayor resiliencia a estos cambios globales.
Los efectos indirectos tampoco son menores. Un aumento en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios latinoamericanos podría afectar la inversión extranjera directa, aumentar la volatilidad en los mercados cambiarios locales y generar presiones inflacionarias en economías que ya enfrentan desafíos importantes en materia de pobreza, empleo e inclusión financiera.
Frente a esta situación, las administraciones de El Salvador, Bolivia y Honduras tienen un desafío inmediato: elaborar planes para mitigar los efectos de un entorno externo poco claro. La diversificación de la producción, el mejoramiento de la infraestructura de exportación, la exploración de nuevos aliados comerciales y los cambios en políticas fiscales son elementos esenciales para minimizar su vulnerabilidad y asegurar una estabilidad económica más sólida frente a decisiones externas fuera de su control.
En un contexto global donde las políticas de cada potencia pueden tener efectos inmediatos en regiones enteras, América Latina vuelve a quedar en una posición delicada. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían definir no solo el rumbo comercial de varios países, sino también su capacidad para sostener el crecimiento económico y garantizar bienestar en medio de un escenario cada vez más volátil.
