San Pedro Sula, Honduras.
Mascarillas, trajes de bioseguridad y otros insumos son algunos de los materiales que la empresa Electro Andina, S. de RL vendió al municipio y no fueron pagados por no haber apoyo, afirman las autoridades municipales.
El municipio hizo algunos pagos a la empresa y luego dejó de pagar porque no encontraron respaldo legal para realizar un pago de L14 millones de lempiras.
A raíz de esta deuda, la empresa interpuso una reclamación administrativa, la cual no fue resuelta y acudieron a los tribunales.
La semana anterior, el Juzgado Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ordenó el embargo de las cuentas bancarias del municipio y consideró pertinente considerar la solicitud de prohibición general de disponer, limitar o gravar sus bienes o derechos sin autorización judicial en las instituciones financieras que fueron notificadas.
Reacción
Pero el alcalde Roberto Contreras le dijo a los sampedranos que pueden estar tranquilos porque no ha habido congelamiento de fondos y mucho menos embargos.
Llamó a los sampedranos a seguir pagando impuestos porque es allí donde se construyen las obras de infraestructura.
“El embargo no procede y nuestra gestión jurídica va a refutar esa afirmación. “Nuestras finanzas están limpias y sanas y no son embargadas”, aseveró.
«Hay dos razones: las cuentas están en fideicomiso y hay errores en esa escritura», dijo.
Precisó que si hay deuda con apoyo se pagará y la deuda original que se debía a esa empresa era de L14 millones, pero no hay respaldo documental y por ello el municipio no accedió a hacerlo.
“Es curioso y hasta extraño que esta empresa que hoy reclama todo ese dinero se constituyó o registró en Onca en 2022 cuando todos los servicios se prestaron en 2021, lo que significa que todas las transacciones son ilegales”, dijo Contreras.
«El departamento de auditoría está haciendo una revisión forense porque se perdió algo de documentación y no sabemos por qué, pero se está haciendo un peritaje y en más o menos cinco días tendremos la información completa», explicó el alcalde.
El alcalde explicó que ya se instruyó al departamento jurídico para proceder ante el Ministerio Público a fin de realizar una investigación sobre estas empresas a las que se les realizaron compras por más de 250 millones de lempiras.
“No encontramos ningún apoyo para las entregas, absolutamente nada en los almacenes. Estamos esperando que se complete la auditoría forense para determinar si se debe realizar el pago o no. “El juez condena a la Corporación Municipal y es el municipio el que recibió los servicios”, indicó. «Vinieron por L14 millones y creo que más bien se lo tienen que pagar al ayuntamiento», concluyó Roberto Contreras.
“No se ha hecho ningún embargo a las cuentas”: Urquía
El fiscal municipal, Mario Urquía, aclaró que no existen embargos en las cuentas del municipio. Además, existen disposiciones en la Ley Orgánica de Presupuesto y en el Código de Procedimiento Civil sobre la inadmisibilidad del embargo del Estado y de las cuentas del Estado.
“Estamos utilizando los recursos y los agotaremos. No hay ninguna posibilidad de que este embargo llegue a buen término”, afirmó.
Explicó que la Ley determina cuándo se puede promover la nulidad de la acción. “Por un lado hay un fideicomiso y la Ley ya establece disposiciones”, dijo.
