El sindicato Sitcpla ha presentado este martes en Bruselas una denuncia contra el Reino de España por discriminación a las mujeres tripulantes de vuelo (TCP), el 75% del colectivo, por discriminación en la jubilación respecto a otros gremios que trabajan en el sector aeronáutico. Sitcpla denuncia que son más de 8.000, que junto a sus compañeros hombres, se ven excluidos del Real Decreto de 1986, que aplica reducciones de años mínimos de cotización para acceder a la jubilación con el 100% de los derechos. La acusación la han presentado mediante el despacho internacionalista Navas & Cusí.
Los representantes de las azafatas lamentan que todos los demás profesionales aeronáuticos (pilotos, fotógrafos aéreos, mecánicos de vuelo, etc.), sí que pueden acceder a esta reducción de coeficientes. «Desde la ley de navegación aérea, de 1960, los TCP forman parte de la tripulación, y les afectan todos los elementos que configuran la penosidad laboral. Lamentablemente, el Poder Judicial no ha hecho los deberes adecuadamente», señalaron este martes en un comunicado.
Denuncian, además, que las diferencias de presión, los continuos cambios de horario y temperaturas, las lesiones musculo-esqueléticas, las estadísticas sobre vulnerabilidad a determinadas enfermedades de los TCP «no pueden ser ignoradas ni un minuto más por la Administración del Estado español». «Cinco presidentes de gobierno de España, más siete ministros de Trabajo socialistas y cinco populares han mirado para otro lado», abundan.
Prestigiosas universidades de todo el mundo declaran a la mujer tripulante más vulnerable a padecer enfermedades oncológicas. En Francia, tras 25 años de ejercicio de la profesión de TCP, se accede a la pensión del 100% del importe que le corresponda.
Desde Sitcpla aseguran que «tras una intensa lucha judicial en España, con fallos dispares que ni siquiera establecen una doctrina unificada, o coherente», han decidido denunciar en el seno de la UE, y en forma de petición, ante el Parlamento, la marginación a los TCP para que se los incluya de manera inmediata en el RD de 1986, tal y como preveía la propia norma.
«La legislación de la Unión Europea es clara y categórica: cualquier atisbo de discriminación directa o indirecta por razones de sexo debe ser expulsada de los ordenamientos jurídicos de sus estados miembros», sentencian los representantes de los TCP.
