El paulatino fin de la crisis de precios provocado por el shock energético derivado del conflicto en el este de Europa y la presión de la Comisión Europea dibuja el fin del escudo social contra la inflación. El Banco de España asume en su reciente informe trimestral la retirada progresiva de las medidas de apoyo desplegadas por el Gobierno en este contexto. Principalmente el impacto de retirar los diversos paquetes aprobados y prorrogados desde marzo de 2022 llevaría la inflación a un repunte durante la próxima primavera hasta el entorno del 5% interanual.
Según la explicación de Ángel Gavilán, el director de Economía y Estadística de la institución, la inflación de este año está sesgada a la baja por la bonificación sobre el IVA de los alimentos, además de las diversas bonificaciones energéticas sobre la electricidad o el gas, cuyo retiro previsto impulsará la tasa general hasta el 4,3% en 2024. El ‘pico’ provocado por citado rebote será en primavera de 2024, con una tasa general del 5% a causa del efecto base de los precios energéticos de este año.
Estas bonificaciones sobre las facturas energéticas se incluyeron en los diversos planes de choque junto a la rebaja del IRPF para las rentas bajas o un gran número de subvenciones para el transporte público. Según apunta en una información El País, el Gobierno en funciones estaría planeando retirar las ayudas por la guerra pensando en unos hipotéticos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, y así se lo informaría a la Comisión Europea de cara a elaborar las cuentas públicas.
Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, evitó desvelar si el Gobierno reflejará en el plan presupuestario que enviará en octubre a la Comisión Europea el fin de las ayudas aprobadas para paliar los efectos derivados de la guerra de Ucrania, que, salvo que se prorroguen, decaerán el próximo 31 de diciembre.
Las perspectivas de inflación se han suavizado respecto al imponente encarecimiento del pasado curso, cuando los precios subieron de media más de un 8%. Sin embargo, a corto plazo precisamente la inflación energética mirará al alza por un efecto coyuntural: el recorte de producción de petróleo impulsará cuatro décimas el IPC general este año, hasta el 3,6%, según el banco central.
Con la vista en el déficit
Con todo, Bruselas viene avisando de la necesidad de retirar las medidas de apoyo que sean innecesarias. Dos instituciones públicas como el Banco de España y la Auditora Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vienen reclamando una política fiscal neutra y, en este sentido, que las ayudas necesarias se prorroguen de forma focalizada: por sectores concretos o ajustando a niveles de renta y no de forma generalizada.
Los motivos: un desembolso para todos los públicos se entiende como un riesgo que alimente la inflación y supone un mayor gasto público.
La Comisión Europea también allanaba con sus recomendaciones la vuelta a la disciplina fiscal, con unas reglas para reducir el déficit y la deuda pública después de la pandemia que ya se trabajan. La presidenta de la auditora pública, Cristina Herrero, recordó que España solo podría cumplir con las reglas fiscales de retirar el escudo social, cuyo coste asciende algo más de un punto del PIB nacional.
