España ha negociado con la Comisión Europea la modificación de 69 hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y han acordado dar más margen para alargar más allá del año 2026 la culminación de algunos proyectos financiados con estos fondos, a través de las entidades públicas empresariales.
Hasta ese año 2026, se habrán tenido que hacer las transferencias a esas entidades y las concesiones, pero no todos los proyectos tienen que haberse culminado completamente para esa fecha, fijada desde un principio como límite de ejecución de los fondos.
Según reconocen desde el Ejecutivo en funciones, habría sido difícil lograr los plazos en el caso de proyectos muy grandes –como los Perte– y por tanto, se ha acordado esta fórmula para permitir ir más allá del 2026 sin contravenir el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia.
Pese a la modificación de algunos hitos y objetivos financiados con los fondos europeos ‘Next Generation UE’, el Gobierno no ha variado sus estimaciones sobre el impacto de estos recursos, que contribuirán al crecimiento económico del España en tres puntos porcentuales de media entre 2021 y 2032.
La Comisión Europea ha aprobado este lunes la revisión del plan de recuperación de España, que elimina el plan para introducir peajes en autopistas y con la que se movilizarán un total de 93.500 millones de euros adicionales, 7.700 millones de ellos en transferencias y 83.200 millones de euros en préstamos, a los que se unirán los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo para financiar la transición verde RepowerEU.
Esta partida adicional incluida en la adenda se suma a los 37.036 millones de euros –9.000 millones en prefinanciación y 28.000 millones en los tres primeros pagos– que España ha recibido hasta la fecha y abre también la puerta a la solicitud de forma «inminente» del cuarto pago de 10.000 millones de euros, mientras que la totalidad del plan asciende ahora a 163.000 millones de euros y abarca 111 reformas y 142 inversiones.
EL ACTUAL EJECUTIVO EN FUNCIONES PUEDE SOLICITAR EL CUARTO PAGO
Fuentes del Ejecutivo han matizado, eso sí, que aunque se ha modificado el calendario de pagos de los fondos europeos, la solicitud del cuarto desembolso no se realizará hasta que se produzca la aprobación definitiva de la adenda por parte del Consejo Europeo.
No obstante, esta petición del cuarto pago no está vinculada a la formación de Gobierno, por lo que el actual Ejecutivo en funciones se está preparando ya para pedir estos recursos.
Según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, el cuarto pago es todavía un desembolso que es muy intensivo en reformas estructurales. Incluye 12 leyes ya aprobadas entre las que se encuentra la segunda parte de la reforma de pensiones, la Ley de startups, la ley crea y crece o la Ley de Vivienda. Otras pocas, quedaron muy avanzadas en el trámite parlamentario pero el adelanto electoral truncó su aprobación y para algunas se han negociado ajustes con Bruselas.
Es el caso, por ejemplo, de la reforma de la Justicia o de la Ley de Función Pública, en la que hay un ajuste en los instrumentos utilizados para alcanzar los objetivos de la reforma que se habla de instrumentos regulatorios y no necesariamente de cambios legislativos. Y también hay un ajuste menor en los hitos relacionados con la cooperación interterritorial y con las modificaciones en el régimen de los ayuntamientos.
NO SE HA RALENTIZADO LA DEMANDA, PESE A LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA
Pese a esta situación de incertidumbre política, marcada estos meses por el adelanto electoral, no se aprecia una ralentización en la demanda de fondos debido a esto e incluso desde el Ejecutivo en funciones han anticipado que será más significativa tras la aprobación de la adenda por parte de Bruselas, independientemente de las derivas parlamentarias.
Además, desde el Gobierno se asegura que todo el trabajo sobre la adenda –con los préstamos y transferencias adicionales que incluye– se ha hecho sobre la premisa de que el impacto fiscal sea el menor posible, de manera que este calendario de desembolsos de los recursos va a ser compatible con continuar con el cumplimiento de la senda de reducción de deuda, al tiempo que se ahorra en costes de intereses.
Según explican desde Asuntos Económicos, los préstamos siempre cuentan como deuda pública, pero en ese caso no generarían deuda pública neta porque a medida que se vayan reembolsando los préstamos se iría reembolsando la deuda.
ELIMINACIÓN DEFINITIVA DE LOS PEAJES
Uno de los puntos más controvertidos del Plan de Recuperación español era el proyecto para introducir peajes en autopistas a partir de 2024, que finalmente ha sido descartado definitivamente –tras negociar con la Comisión Europea– a cambio de impulsar el transporte ferroviario de mercancías para reducir así las emisiones.
Según cuentan desde Moncloa, el incremento de la inflación ha tenido un efecto muy profundo en los costes del transporte y ha sido un sector que ha quedado particularmente golpeado por la fuerte subida de precio.
Además, cabe tener en cuenta que el nuevo sistema de emisión de Comercio de CO2, que hasta ahora no aplicaba el sistema de transporte, se va a extender obligatoriamente a todos los países de la Unión Europea en dos o tres años y por tanto no tenía sentido la introducción de estos peajes.
Ante los requerimientos de la Comisión para lograr la descarbonización del sector de transporte por carretera, España puso encima de la mesa otras medidas bastante potentes adicionales a las que ya estaba en el plano original, con el objetivo de incentivar el transporte sobre todo de mercancías por ferrocarril frente al transporte por carretera.
MECANISMO RED E IMV NO SERÁN FINANCIADOS CON PRÉSTAMOS
Otra de las cuestiones que se ha negociado con Bruselas y ha cambiado es que las inversiones –préstamos– que iban destinadas al fondo RED de estabilización y flexibilización del empleo y al Ingreso Mínimo Vital se han suprimido.
Se ha considerado, en discusión con la Comisión y tras ver las alternativas, concentrar los recursos en inversiones productivas. En el caso del fondo RED, ya se ha constituido y tendrá su financiación a través de los excedentes del sistema contributivo de prestaciones por desempleo y por tanto va a tener la financiación.
