TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para muy pocos es un secreto el hecho de que existe la pretensión de integrar a los abogados Mario Roberto Urquía Fajardo y Luis Javier Santos Cruz, a la nómina de cinco candidatos enviada por la Junta Proponente para elegir a los nuevos fiscales del Estado.
Sin embargo, el tiempo y hasta la misma legalidad son los factores para que los dos profesionales del derecho tengan la última posibilidad de convertirse en fiscal general o fiscal general adjunto.
Si la Sala Constitucional le diera trámite a los recursos de amparo interpuestos por Santos y Urquía, y estos no fuesen resueltos por unanimidad, teniendo que ser conocidos por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es una de las salidas que ambos abogados tendrían.
En el caso hipotético de que por mayoría de votos, los magistrados declararan con lugar lo reclamado por Mario Urquía y Luis Santos, esto tendría que ser antes del 31 agosto, fecha en la que se prevé ya tendrían que estar electos los nuevos fiscales.
Para el especialista en derecho, Raúl Pineda Alvarado, esto sería un acto -desde cualquier punto de vista- ilegal.
“Primero sería ilegal porque el amparo solo procede contra actos ejecutado por los poderes del Estado o una organización desconcentrada o una descentralizada, segundo ya no existe la Junta proponente; eso se da como un hecho consumado”, explicó Pineda.
El abogado recalcó: “sí, es totalmente legal. Si en lo político puede llegarse a efectuar, es posible, violando la ley y estirando la ley hasta romperla. No se debería repetir lo que se hizo con el abogado Chinchilla, que sin estar en la nómina fue puesto como fiscal, lo que desdibujó y se acreditó totalmente al gobierno y al partido político que hizo eso”.
El 28 de junio de 2018, ya con la nómina de los cinco candidatos selectos, se sometió a votación en el Congreso Nacional para elegir a los nuevos fiscales, sin embargo, en esa noche solo se eligió al fiscal general adjunto, el abogado Daniel Arturo Sibrián Bueso. Un día después, en un acto de mera ilegalidad, impulsado desde el Poder Ejecutivo, se realizó una nueva votación para reelegir al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla Banegas, quien ya ocupaba ese cargo desde septiembre de 2013, burlándose así de los otros cuatro candidatos que habían sido elegidos por la Junta Proponente.
Similar acción se pretendería dar en esta ocasión si se llégase a incluir a Mario Urquía y Luis Santos, si ellos ya fueron descartados.
