La entrada del grupo saud STC en Telefnica, que hace unos das anunci la compra del 9,9% de la teleco espaola por 2.100 millones de euros, se suma a una lista de operaciones que el Gobierno tendr que autorizar al contar con el llamado «escudo antiopas» que limita las inversiones extranjeras.
La posible entrada de los saudes en el capital de una compaa considerada estratgica, con acceso a infraestructuras crticas, ha provocado reacciones de todo tipo, con el Gobierno asegurando que estudiara la operacin «con mucho detenimiento» para velar por los intereses de todos los espaoles.
En esta lnea, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Snchez, ha defendido esta misma semana que el Ejecutivo garantizar que «en todo momento est a salvo la defensa y la seguridad nacional».
«El lmite que existe para la inversin extranjera es la proteccin de nuestros legtimos intereses nacionales», ha advertido.
STC Groupespera controlar un 9,9% del capital de Telefnica, mediante la adquisicin del 4,9% en acciones y otro 5% mediante derivados, los cuales ejecutar para convertir en acciones una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes, situndose como el primer accionista de la teleco espaola, siempre que obtenga el visto bueno de Defensa.
Para analizar la operacin en profundidad, Telefnica celebrar un consejo de administracin el prximo 27 de septiembre, que ser de carcter ordinario y su convocatoria se enmarca en la actividad de la teleco, que rene a este rgano habitualmente a finales de mes, segn apunta la agencia Efe.
Esta operacin, que ha contado con el rechazo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Daz, deber ser sometida a la aprobacin por parte del Consejo de Ministros, gracias al «escudo antiopas» en vigor.
Esta normativa se aprob en marzo de 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia, a travs de un real decreto por el que se exiga autorizacin previa por su parte de inversiones directas extranjeras realizadas por residentes de fuera de la UE y de la Asociacin Europea de Libre Comercio (AELC, o EFTA -en ingls-), por motivos de seguridad, orden pblico y/o salud pblica.
Adicionalmente, en noviembre de 2020 introdujo en ese mismo texto una disposicin transitoria que estableca que el Gobierno deba autorizar tambin las inversiones directas extranjeras protagonizadas por sociedades de la UE y de la AELC sobre empresas cotizadas o, incluso, sobre las no cotizadas si la inversin superaba los 500 millones de euros.
Este rgimen de autorizacin previa, que se dise en un contexto marcado tambin por la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy, se aplica tanto a las inversiones realizadas por empresas de la UE y de la AELC como a las que puedan acometer sociedades con sede en Espaa cuya titularidad real corresponda a residentes de otros pases europeos.
Con ella se busca proteger a las compaas espaolas de sectores estratgicos ante posibles inversiones directas en las que un inversor, aprovechando la coyuntura, adquiera una participacin igual o superior al 10% del capital social o tome el control de una compaa espaola.
El pasado mes de julio el Gobierno actualiz esta normativa para adaptarla al rgimen europeo, con cambios sobre qu empresas y qu operaciones han de contar con una autorizacin previa, acortando los plazos y estableciendo una serie de exenciones al rgimen de autorizacin previa.
Entre los cambios, se establece la obligatoriedad de solicitar autorizacin al Consejo de Ministros siempre que se alcance el 5% del capital, pero aquellos que adquieran entre el 5% y el 10% podran saltarse este paso si se comprometen a no entrar en los consejos de administracin.
En los ltimos meses varias operaciones se han visto afectadas por esta normativa y estn a la espera de ser autorizadas por el Consejo de Ministros.
Entre ellas destaca la del grupo industrial Celsa, en la que una sentencia judicial ha homologado el plan de reestructuracin propuesto por los acreedores, dando va libre para que los fondos pasen a ser accionistas de la compaa en sustitucin de los actuales propietarios, la familia Rubiralta.
En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Econmicos en funciones, Nadia Calvio, explic hace unos das que el Ejecutivo respetar la decisin judicial, pero velar por que se protejan el empleo y los intereses estratgicos de Espaa.
Esta misma semana tambin se conoci la contraopa lanzada por la britnica Amber, participada por los fondos ISQ y TDR -con sedes fuera de Espaa-, sobre el 100% de las acciones de la empresa de inspeccin y certificacin Applus, mejorando la oferta lanzada en junio por el fondo estadounidense Apollo.
En el documento remitido a la CNMV, la propia Amber reconoce que necesitar el visto bueno del Gobierno para pasar a controlar Applus, que factura ms de 2.000 millones al ao y la contraopa la valora en 1.250 millones.
Tambin espera una respuesta del Gobierno GCE Bidco, entidad controlada por fondos gestionados por la francesa Antin, que present a comienzos del verano una opa voluntaria en efectivo para adquirir todas las acciones de la compaa de renovables Opdenergy, que supone valorar la empresa en 866 millones.
