El comisionado de la Policía de Honduras, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, acusado de lavado de activos, cohecho pasivo propio y asociación para delinquir, recibió en la audiencia inicial un auto de formal procesamiento en los tribunales de Tegucigalpa.
Lorgio Oquelí Mejía, quien continuará con arresto domiciliario, se entregó a la justicia el pasado 27 de julio tras permanecer casi cinco años prófugo.
La audiencia preliminar fue programada para el próximo 12 de septiembre de 2023 a las 9:00 de la mañana.
En la resolución judicial se ordenó mantener las medidas dictadas previamente en la audiencia de declaración de imputado, donde el juez dictó arresto domiciliario al aceptar una caución hipotecaria de una vivienda valorada en cinco millones de lempiras.
El expediente judicial indica que el pasado 8 de junio, el Ministerio Público obtuvo un fallo de extinción definitiva del dominio sobre dos viviendas, dos vehículos y 13 cuentas bancarias de Mejía Tinoco y su esposa Wendy María Castro.
Expediente de investigación
La acusación por lavado de activos de octubre de 2018 contra Mejía Tinoco, así como la acción promovida en febrero de 2020 con la que se buscó la declaratoria de comiso de sus bienes, se deriva a que de acuerdo a las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y el de su núcleo familiar, en el periodo comprendido ente 2012 y 2017.
Por este mismo caso su exesposa Denisse Yamileth Morales fue condenada en febrero de 2021 por lavado de activos y para quien se ordenó el comiso de siete cuentas bancarias a su nombre.
Asimismo, en las imputaciones se incluyeron seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por fiscales se establece que entre los años 2012 – 2015 miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.
Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca, y de acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).
