En Honduras, la situación financiera de miles de ciudadanos se ha visto comprometida debido a las operaciones de Koriun Inversiones, una entidad que, sin estar registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), logró captar fondos de más de 35,000 personas en todo el país. Se estima que el capital total aportado por estos socios asciende a aproximadamente 5,500 millones de lempiras, lo que representa cerca del 1% del Presupuesto General de la República.
Este cálculo se basa en datos recopilados en Choluteca, donde 1,348 personas habrían entregado 212 millones de lempiras a la estructura financiera informal. Extrapolando esta relación a nivel nacional, considerando los 35,000 aportantes reconocidos públicamente por el gerente de la entidad, la cifra total alcanza los 5,504 millones de lempiras. En promedio, cada socio habría aportado cerca de 157,270 lempiras, aunque esta cifra podría variar debido a la falta de registros oficiales de los socios por parte de Koriun.
Tras el estallido del escándalo, el Ministerio Público informó que la empresa almacenaba su base de datos en una nube digital. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si los fiscales lograron acceder a esa información, que sería clave para la devolución de los fondos. Posteriormente, los representantes de Koriun aseguraron tener un registro interno en una computadora, pero también se desconoce si ese archivo fue entregado o inspeccionado por las autoridades.
Durante el operativo en Koriun Inversiones, las autoridades hallaron 358 millones de lempiras en efectivo tanto en las oficinas principales como en la casa del gerente, además de 69 millones en cuentas bancarias, sumando un poco más de 427 millones de lempiras en total. A pesar de que la instrucción oficial era reintegrar a todos los socios su inversión inicial, la empresa decidió comenzar a pagar las utilidades primero y solo devolver el capital a aquellos que pedían salir.
Semanas después, en una reunión con la CNBS y el Ministerio Público, el gerente aseguró que gran parte del dinero había sido devuelto. Sin embargo, fuera de esas reuniones aún se reportaban socios reclamando sus aportes, evidenciando un claro desfase en el esquema financiero. Desde ese momento, los socios en las siete sedes de la empresa comenzaron a organizarse y recopilar sus documentos para esperar las instrucciones oficiales sobre la devolución de sus fondos.
El incidente ha suscitado una acalorada discusión tanto en el ámbito político como en el social. Ciertas partes opinan que cualquier esfuerzo gubernamental para emplear recursos del Estado con el fin de compensar a las víctimas del fraude financiero de Koriun sería un acto ilegal, poco ético e imprudente. Sostienen que los recursos de los ciudadanos no deberían destinarse a solucionar lo que ven como un inconveniente causado y administrado con descuido por el mismo Gobierno.
Por otra parte, los miembros de Koriun han llevado a cabo manifestaciones y bloqueos en distintas áreas del país, demandando la restitución de su dinero. En Choluteca, por ejemplo, los integrantes de Koriun ocuparon vías para instar a las autoridades a que soliciten a los líderes de la empresa el retorno del capital de los contribuyentes. Estas medidas han ocasionado inconvenientes entre los automovilistas y la ciudadanía en general.
El Ministerio Público, junto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), allanó las oficinas de Koriun en todo el país el 23 de abril de 2025. El administrador de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, junto a su esposa, se encuentran recluidos por el delito de lavado de activos, luego que el juez les dictara un auto de formal procesamiento.
La situación de Koriun Inversiones destaca la importancia de mejorar la vigilancia y control de las instituciones financieras en Honduras, además de fomentar una mejor educación financiera entre los ciudadanos para prevenir que hechos semejantes ocurran nuevamente.
