El fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, seguirá en sus funciones en el Ministerio Público hasta que se nombre a un sustituto, explicó este martes la Fiscalía General Adjunta en un comunicado.
“En relación a la constitucionalidad del referido artículo 80, en sentencia de la Sala de lo Constitucional, recaída en el recurso de inconstitucionalidad número 65-2016, en fecha 21 de febrero de 2017, interpuesto por los abogados Jari Dixon y Jorge Cálix, contra el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se falló declarando su constitucionalidad y por ende, la aplicabilidad de dicha norma”, explica el comunicado.
Este argumento es contrario a las explicaciones de diputados oficialistas que han interpretado el contenido del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el 233 de la Constitución de la República.
La Fiscalía Adjunta señaló que “dicho artículo regula situaciones excepcionales y provisionales, constituyendo un modo de mantener la estabilidad y continuidad de las instituciones del Estado y el Estado mismo”.
Asimismo menciona que el artículo 500 párrafo tercero del Código Penal hace relación a la persona que “continúa ejerciendo cargo o empleo público en el cual ha debido cesar conforme a la ley.”
Sala Constitucional
Para los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto se debe seguir lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues su constitucionalidad ha sido declarada expresamente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de la Sala Constitucional.
El mandato presentado por la Fiscalía Adjunta, da autoridad a Sibrián, a falta de Chinchilla, poder ejercer funciones dentro del Ministerio Público, hasta que se nombre el titular que haya de sustituirlo.
También se basan en el artículo 18 del propio MP, donde es el fiscal general adjunto que en “ausencias temporales o definitivas”, está al mando de las funciones de la institución mientras se produzca el nombramiento de su sucesor.
La Fiscalía Adjunta exhortó a los diputados del Congreso Nacional para que puedan llegar a los consensos y nombrar a las nuevas autoridades del Ministerio Público “en la brevedad de lo posible”.
