La máxima instancia judicial de Guatemala ha rechazado en un primer análisis seis peticiones de antejuicio contra varios servidores públicos, entre los que se encuentran la fiscal general María Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana. Estas peticiones han sido denegadas sin evaluar el fondo del caso, ya que se consideró que no tenían una base legal y obedecían a motivaciones políticas.
Una de las mociones fue interpuesta por el Ministerio Público (MP) contra la jueza Marjorie Azpurú, del Quinto Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Ambientales, por supuestas fallas en su función judicial. Sin embargo, la CSJ decidió que la acusación no cumplía con los requerimientos legales necesarios para avanzar con el antejuicio, por lo que fue rechazada sin trámite.
Otra solicitud fue promovida por la organización 48 Cantones de Totonicapán contra la fiscal general María Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana. Los denunciantes acusaron a ambos de intentar obstaculizar la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera, alegando que sus acciones buscaban evitar que asumieran el cargo. Sin embargo, la CSJ consideró que la denuncia carecía de elementos jurídicos sólidos y tenía un trasfondo político, por lo que también fue rechazada sin entrar al fondo del asunto.
Estas decisiones de la CSJ han generado diversas reacciones en la sociedad guatemalteca. Por un lado, algunos sectores consideran que la Corte actuó correctamente al desestimar solicitudes que no cumplían con los requisitos legales, defendiendo así la independencia del poder judicial. Por otro lado, hay quienes interpretan estas resoluciones como una protección a funcionarios cuestionados, lo que podría percibirse como una falta de voluntad para investigar posibles actos de corrupción o abuso de poder.
Es importante señalar que el rechazo in límine de una solicitud de antejuicio no implica una absolución de los funcionarios señalados, sino que simplemente indica que, en ese momento, la Corte considera que no existen elementos suficientes para proceder con el retiro de inmunidad y permitir su investigación. Esto no impide que, en el futuro, nuevas evidencias o denuncias puedan dar lugar a nuevas solicitudes de antejuicio.
En este contexto, la sociedad guatemalteca continúa atenta al desempeño de las instituciones encargadas de la justicia y la lucha contra la corrupción. La transparencia, la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial son fundamentales para fortalecer el estado de derecho y garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su posición o influencia, sean tratados con equidad ante la ley.
La reciente resolución de la CSJ destaca la relevancia de tener estructuras legales firmes y claras para supervisar a los servidores públicos. Es crucial que las acusaciones se analicen de forma imparcial y que se eviten influencias políticas que puedan afectar la justicia. De esta manera, se podrá progresar hacia una Guatemala más equitativa y democrática, donde la justicia sea accesible y eficiente para todos.
