La Comisión Europea abrió hoy un procedimiento formal para evaluar si Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, pudo haber infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no proteger adecuadamente a los usuarios menores de edad. En concreto, Bruselas teme que los algoritmos de las redes sociales estrella de Meta «puedan estimular adicciones comportamentales en los niños, así como los llamados efectos ‘madriguera del conejo'», es decir, que validen como reales los montajes y bulos que circulan por sus redes.
«No estamos seguros de que Meta haya hecho lo suficiente para cumplir las obligaciones de las DSA relativas a la mitigación de los efectos negativos sobre la salud física y mental de los jóvenes europeos», afirmó hoy en la cadena X el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry. Bretón. La compañía ha respondido en un comunicado que su intención es que los jóvenes tengan experiencias en línea seguras y apropiadas para su edad. “Hemos pasado una década desarrollando más de 50 herramientas y políticas diseñadas para protegerlos. Este es un desafío al que se enfrenta todo el sector y esperamos compartir los detalles de nuestro trabajo con la Comisión Europea”.
🚨Hoy abrimos formal #DSA investigación contra #Meta.
No estamos convencidos de que Meta haya hecho lo suficiente para cumplir con las obligaciones de la DSA: mitigar los riesgos de efectos negativos para la salud física y mental de los jóvenes europeos en sus plataformas Facebook e Instagram. pic.twitter.com/WxPwgE5Opc
— Thierry Bretón (@ThierryBreton) 16 de mayo de 2024
La apertura del procedimiento se produce luego de culminar el análisis preliminar del informe de evaluación de riesgos enviado por Meta en septiembre de 2023, según lo requerido por la DSA, y las respuestas brindadas por la empresa respecto de las solicitudes formales de información de la Comisión de protección de menores. y la metodología de evaluación de riesgos.
Bruselas sospecha que el propio diseño de Facebook e Instagram podría “aprovecharse de las debilidades y la inexperiencia de los menores y provocar comportamientos adictivos”. La Comisión también quiere garantizar que Meta disponga de herramientas adecuadas de verificación de la edad. Sus primeras investigaciones establecen que no podrían “ser razonables, proporcionadas y efectivas”.
En tercer lugar, las autoridades europeas quieren verificar que las metaplataformas garanticen un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores.
El posible daño que las plataformas causan a la salud mental de los menores es el principal quebradero de cabeza al que se enfrentan los directivos de la compañía liderada por Mark Zuckerberg. Lo que hasta 2021 era sólo una sensación generalizada entre los padres de usuarios jóvenes ganó peso tras las revelaciones de Frances Haugen, una exempleada de Facebook que filtró miles de documentos que demostraban que los directivos de Instagram conocían los efectos nocivos de la red social. entre los menores.
En Estados Unidos, Meta enfrenta una cascada de demandas de familias afectadas y denuncias de los fiscales generales de 41 estados, al considerar que Facebook e Instagram “aprovechan el dolor de los niños” para hacer negocios. El resultado de este tsunami de demandas podría provocar un cambio radical en la apariencia y dinámica de las redes sociales.
La segunda investigación en un mes
La Comisión investigará exhaustivamente el cumplimiento o incumplimiento por parte de Meta de estas disposiciones de la DSA. La empresa fue incluida en abril de 2023 entre las grandes plataformas bajo la jurisdicción de la DSA (aquellas con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE).
El procedimiento anunciado hoy se suma al abierto el 30 de abril por falta de control de contenidos políticos antes de las elecciones europeas y «publicidad engañosa». Bruselas lleva meses advirtiendo a las grandes plataformas que extremen las precauciones para que las elecciones de junio no sean un caldo de cultivo para la desinformación y la injerencia extranjera.
“La Comisión sospecha que Meta no cumple con las obligaciones del reglamento relacionadas con la lucha contra la difusión de anuncios engañosos, campañas de desinformación y comportamientos no auténticos coordinados en la UE. La proliferación de dichos contenidos puede suponer un riesgo para el discurso cívico, los procesos electorales y los derechos fundamentales, así como para la protección de los consumidores”, afirmó el Ejecutivo europeo en un comunicado oficial.
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