El 17 de junio de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en plena sesión aprobó, con mayoría de votos, avanzar con los términos para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). No obstante, esta resolución generó una fuerte reacción del consejero Marlon Ochoa, quien alertó sobre supuestos peligros de inestabilidad electoral debido a lo que calificó como la posible repetición de prácticas controvertidas del pasado.
Pleno aprobó el trep y desató tensiones
En una votación de dos a uno, se aprobó el inicio del proceso de licitación del TREP, lo que generó fuertes críticas de grupos asociados al bipartidismo. Un dirigente afirmó que Ochoa aparentaba estar preocupado por su permanencia en el organismo electoral y lo señaló de llevar a cabo acciones en Sudamérica con el presunto objetivo de beneficiar a ciertas compañías.
Este clima de tensión se agudiza debido a las acusaciones de Ochoa sobre un posible vínculo entre el bipartidismo y proveedores del sistema electoral con antecedentes polémicos. Ochoa sostuvo que se pretendía asignar el TREP a una empresa bajo un nombre distinto, la misma que operó en procesos previos, según su advertencia.
Ochoa señala intento de replicar modelo controvertido
El consejero apuntó a la posible reaparición de un modelo similar al utilizado en 2017, cuando ciertos procesos electorales fueron criticados por falta de transparencia. Ochoa sostuvo que existe riesgo de que bajo nuevos nombres se vuelva a usar la misma firma, cuestionando las estructuras detrás de la licitación. Subrayó que este esquema se enmarca dentro de un patrón histórico que busca mantener el control del TREP en manos del bipartidismo.
Perspectivas: antiguos asesores y figuras políticas
Germán Lobo, exmiembro del CNE, respondió que los cuestionamientos de Ochoa surgen cuando sus propias propuestas no son acogidas. Lobo lo acusó de tener intereses personales y de ejecutar un discurso sesgado contra el bipartidismo solo cuando no recibe respaldo. Afirmó que Ochoa intentó incluir criterios técnicos específicos para favorecer a determinados actores.
Otros exfuncionarios recordaron que la aprobación del pliego fue una decisión legal y colegiada del Consejo, indicando que ahora corresponde el debate técnico tras dicha aprobación.
Aspectos técnicos y legales del TREP
El debate no solo está centrado en acusaciones políticas, sino que también abarca aspectos legales. Un elemento relevante es cómo se interpretan las reglas electorales respecto a la transmisión de datos y actas. Ochoa destacó que la ley requiere total transparencia a través de una conexión directa con los partidos y observadores, aunque evaluaciones independientes han señalado que el requerimiento legal se aplica únicamente a nivel presidencial y en plazos definidos, tal como especifica el artículo 278 de la Ley Electoral.
De acuerdo con los especialistas, las regulaciones indican que las actas presidenciales deben enviarse al mismo tiempo tanto al CNE como a los partidos. Sin embargo, el artículo 279 no requiere que se haga lo mismo con todas las actas ni que esta obligación se extienda a otros niveles más allá del presidencial.
Respuesta de los partidos y gobiernos
La presidenta del CNE subrayó que este sistema no será un modelo automático sin revisión humana, evitando escenarios comparables a otros países donde la transmisión se realiza exclusivamente por computadora. Defendió que la normativa distingue claramente entre escrutinio, transmitido en sitio de votación, y verificación a cargo del CNE, sin eliminar controles humanos.
Desde distintos partidos se manifestaron dos posturas: uno aplaudió la aprobación alegando que reduce márgenes para posibles manipulaciones, mientras otro acusó al consejero de Libre de querer imponer estructuras autoritarias similares a las de Venezuela.
Posibles consecuencias y procesos judiciales
La imputación contra Ochoa ha creado un panorama de inseguridad. A un lado, se presenta la probabilidad de objeciones judiciales al proceso de adjudicación del TREP. En cortes o en procesos de evaluación, podrían plantearse irregularidades técnicas o parcialidad, si se verifica que una compañía con antecedentes dudosos está involucrada de nuevo.
Además, la crispación política podría debilitar la confianza en los resultados preliminares, afectando la legitimidad del proceso electoral que culminará en noviembre. La presión surge tanto de sectores que exigen mayor transparencia como de grupos que defienden la institucionalidad colegiada del CNE.
Retos para la institucionalidad en el ámbito electoral
El caso ilustra las dificultades que enfrenta el CNE. Se hace más claro que es necesario fortalecer los aspectos técnicos, legales y políticos relacionados con el TREP. Quejas como las de Ochoa podrían ser positivas si incentivan revisiones minuciosas, aunque también pueden servir como instrumentos de confrontación política.
Para asegurar confianza, es esencial que existan:
- La precisión en las normas de evaluación del TREP, garantizando imparcialidad.
- El refuerzo de herramientas legales que faciliten la auditoría de decisiones y, si es necesario, su impugnación ante el CNE.
- La participación de agentes externos —tales como observadores nacionales e internacionales, partidos, sociedad civil— en los procesos de vigilancia.
- El debate en conjunto como medio para superar conflictos internos.
