La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles que el Gobierno federal mantiene una postura firme en contra de la pena de muerte, sin excepción por la naturaleza del delito o la persona involucrada. La declaración ocurre en el contexto de las recientes decisiones judiciales en Estados Unidos, donde se determinó no solicitar la pena capital contra los presuntos narcotraficantes mexicanos Ismael «el Mayo» Zambada y Rafael Caro Quintero.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria precisó que esta posición responde a una convicción jurídica y ética arraigada en la legislación mexicana. “No importa el delito. No es algo con lo que coincidimos”, señaló, remarcando que esta postura es parte de la política nacional, no de un criterio personal.
Estados Unidos descarta aplicar la pena capital
La decisión de la Fiscalía estadounidense fue comunicada a la Corte del Distrito Este de Nueva York. En documentos oficiales, el fiscal a cargo notificó a los jueces y a las respectivas defensas que la Fiscalía General de ese país ha ordenado no buscar la pena de muerte en los casos de ambos acusados. Esta determinación zanja semanas de especulación en torno a si se aplicaría o no esta medida extrema, especialmente dado el perfil de los acusados y la gravedad de los cargos que enfrentan.
Tanto Zambada como Caro Quintero se han declarado inocentes ante los tribunales estadounidenses. En el caso de Zambada, enfrenta 17 cargos, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas. Por su parte, Caro Quintero enfrenta acusaciones por narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena, ocurrido en 1985.
Proceso de traslado sin extradición formal
Ambos sospechosos están detenidos en Estados Unidos, aunque aún no se ha formalizado su extradición según el tratado actual entre los dos países. Zambada fue capturado en Texas el 25 de julio del año pasado, después de aparentemente haber sido inducido a tomar un vuelo hacia Estados Unidos. En septiembre compareció ante la corte y se proclamó no culpable.
En el contexto de Caro Quintero, su transferencia se dio en febrero, junto a otros 28 supuestos criminales. La operación fue llevada a cabo por el Gobierno de México amparándose en una norma de la ley de seguridad nacional, que autoriza expulsiones sin necesidad de un proceso formal de extradición. Este mecanismo despertó inquietudes sobre la posibilidad de que la pena capital pudiera ser ejecutada sin el requisito legal que prohíbe a México extraditar a ciudadanos a naciones donde podrían afrontar este tipo de sanción.
Fundamento de reciprocidad y respeto hacia acuerdos internacionales
Sheinbaum recordó que, en los acuerdos internacionales que regulan la extradición de ciudadanos mexicanos, uno de los requisitos es que no se les imponga la pena capital en el país receptor. Este principio de reciprocidad se ha mantenido constante en la política exterior mexicana, respaldado por la Constitución y tratados multilaterales.
El posicionamiento del Gobierno no solo responde a un principio legal, sino también a una visión de derechos humanos ampliamente aceptada dentro del marco jurídico nacional. México ha abolido la pena de muerte desde hace décadas, y su legislación impide colaborar con procedimientos que podrían derivar en su aplicación.
Implicaciones diplomáticas y jurídicas
La decisión de Estados Unidos de respetar esta línea en los casos de alto perfil como los de Zambada y Caro Quintero refuerza los compromisos bilaterales en materia de cooperación judicial. Aunque ambos casos continúan en curso, la exclusión de la pena de muerte despeja un punto de tensión que pudo haber tenido implicaciones diplomáticas entre los dos países.
Con este precedente, se consolidan mecanismos de entendimiento entre autoridades mexicanas y estadounidenses en el tratamiento de delitos trasnacionales, en especial aquellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. La posición de México marca un límite claro respecto a su participación en procesos judiciales internacionales, asegurando que sus ciudadanos, sin importar el delito, sean tratados bajo estándares compatibles con sus leyes y valores constitucionales.
Panorama judicial en evolución
Ambos casos continúan generando atención en la agenda pública y judicial. El seguimiento de los procesos legales en Estados Unidos determinará el rumbo de las acusaciones y las eventuales sentencias, mientras que en México se mantiene el interés por garantizar el respeto a los principios legales que rigen su política internacional.
El rechazo absoluto a la pena de muerte por parte del Gobierno mexicano se sostiene como una postura de Estado, independiente de la presión mediática, la gravedad de los delitos o el historial de los acusados. La coherencia en esta posición refuerza el compromiso de México con un sistema de justicia centrado en los derechos humanos, incluso en los casos más delicados.
