Un juez de Barcelona ha citado a declarar como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el espionaje con el ‘software’ Pegasus al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En un auto que ha avanzado eldiario.es y al que ha tenido acceso ABC, el titular del Juzgado de Instrucción 29 admite así la querella del republicano, que prestará declaración el próximo 13 de diciembre. Misma fecha en la que Esteban hará la propio, pero en calidad de imputada.
Fue en junio de 2022, cuando Aragonès formalizó la querella por el supuesto espionaje a varios independentistas, entre los que se encuentra. Entre 2015 y 2020, hasta 65 políticos y activistas soberanistas habrían tenido su teléfono infectado con un programa espía, según un estudio que publicó Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá). Las sospechas se dirigieron hacia el CNI, ya que este programa solo se vende a agencias gubernamentales. La entonces directora del centro, Paz Esteban, que compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, reconoció que sí habían monitorizado a 18 personas, siempre con autorización judicial.
Entre los políticos que el Centro admitió haber espiado figuraba el actual presidente de la Generalitat, Aragonès, pero cuando aún era vicepresidente -durante el mandato de Quim Torra-. Ahora, el juez admite las diligencias socilitadas por su abogado, Andreu Van den Eynde. Además de la imputación de Esteban, también pide información a la empresa propietaria de Pegasus -la israelí NSO- y también reclama al CNI información sobre sus actividades para aclarar si fueron ellos quienes ordenaron espiar al republicano -«si han hecho uso del software Pegasus en relación al señor Pere Aragonès», apunta el juez Santiago Garcia, en su resolución, fechada el pasado 6 de octubre-.
El titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona sostiene que la querella del ‘president’, por delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales, «hace presumir la posible existencia de infracciones penales».
