Pakistán enfrenta una doble presión: bajas tasas de recaudación tributaria respecto al producto interno bruto, dependencia recurrente de financiamiento externo y una proporción significativa de la población que vive cerca o por debajo de la línea de pobreza. Esta configuración obliga a identificar medidas que aumenten ingresos fiscales sin transferir la carga a los hogares más vulnerables ni erosionar la demanda interna. Cualquier estrategia debe combinar reformas tributarias, modernización administrativa y un fortalecimiento simultáneo de redes de protección social.
Principios clave para diseñar reformas equilibradas
- Progresividad: concentrar el esfuerzo en quienes tienen mayor capacidad de pago.
- Focalización: sustituir subsidios universales por apoyos dirigidos a los pobres.
- Eficiencia administrativa: reducir la evasión y la elusión mediante digitalización y cruces de información.
- Neutralidad económica: evitar impuestos que desincentiven la inversión productiva o formalización.
- Transparencia y comunicación: explicar claramente quién paga qué y cómo se usan los recursos para ganar aceptación social.
Estrategias fiscales concretas
- Ampliar la base tributaria: suprimir exenciones fiscales generales que favorecen a grupos con mayor poder adquisitivo y reevaluar regímenes especiales que disminuyen la recaudación. Por ejemplo, podrían reconsiderarse beneficios históricos otorgados a sectores extractivos o industriales, sustituyéndolos por incentivos temporales condicionados a generación de empleo o inversión.
- Reformar el impuesto sobre el valor agregado (IVA): conservar una tasa amplia y única, aplicando exenciones estrictamente acotadas y un listado claro de bienes esenciales con tasa cero o reducida para resguardar a los hogares más pobres. Al mismo tiempo, conviene reforzar los sistemas de devolución para exportadores y sectores vulnerables a fin de evitar distorsiones.
- Mejorar progresividad del impuesto sobre la renta: incrementar los tramos altos, eliminar vacíos que facilitan convertir ingresos laborales en rentas de capital y asegurar retenciones efectivas sobre rentas elevadas y pagos a no residentes.
- Implementar o fortalecer impuestos sobre el patrimonio: aplicar gravámenes al patrimonio inmobiliario o a plusvalías de inmuebles de gran valor, con criterios progresivos y umbrales altos que protejan a propietarios con ingresos limitados.
- Recaudación efectiva sobre la economía digital y servicios segmentados: gravar plataformas digitales, servicios financieros móviles y actividades de la economía digital mediante parámetros claros, evitando sobrecargar a microempresas mediante esquemas simplificados.
- Control aduanero y lucha contra el contrabando: modernizar puertos y pasos fronterizos integrando sistemas de escaneo, intercambio de datos y tarifas predefinidas que disminuyan pérdidas asociadas al comercio ilícito.
- Revisar tarifas y subsidios a energía y combustibles: retirar subsidios universales y reemplazarlos por transferencias focalizadas; establecer tarifas progresivas en electricidad y gas con rangos de consumo residencial que protejan el uso básico indispensable.
- Movilizar recursos no tributarios: optimizar la administración de empresas estatales, ajustar concesiones y privilegios, y enajenar activos no estratégicos con transparencia para generar ingresos temporales orientados a inversión social.
Medidas administrativas para aumentar cumplimiento sin aumentar carga sobre hogares pobres
- Digitalización y facturación electrónica: adoptar plataformas de facturación electrónica y mecanismos automáticos de verificación de declaraciones con el fin de disminuir la evasión y hacer más sencillo el cumplimiento para las pequeñas empresas.
- Intercambio de información: articular datos procedentes de registros fiscales, bancarios, aduaneros y catastros digitales para identificar inconsistencias y orientar auditorías hacia los contribuyentes de mayor escala.
- Regímenes simplificados: habilitar esquemas de tributación simplificada destinados a micro y pequeñas empresas que avancen en su formalización, brindando cargas administrativas menores y permitiendo acceso a beneficios como crédito y seguridad social.
- Sanciones proporcionales: aplicar penalidades adecuadas para infractores relevantes y complementar con programas temporales de regularización que faciliten integrar a la base impositiva a quienes operan al margen del sistema.
- Registro social único y focalización: desarrollar o mejorar un registro social que permita identificar a hogares pobres y vulnerables con criterios objetivos (ingreso, geografía, composición del hogar), evitando la duplicación de beneficios y las fugas.
- Transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas: escala de transferencias directas a través de pagos mensuales a hogares empobrecidos, complementadas por condicionalidades orientadas a salud y educación para elevar el capital humano.
- Pagos digitales y biométricos: usar pagos móviles y mecanismos biométricos que reduzcan filtraciones y garanticen que la ayuda llegue a destinatarios reales, minimizando la intermediación.
- Tarifas sociales y tramos de consumo: establecer tarifas preferenciales para electricidad, agua y gas para los consumos básicos y aplicar tarifas crecientes para consumos de alto nivel.
- Mecanismos automáticos durante choques: diseñar reglas fiscales que activen ampliaciones temporales de transferencias o subsidios focalizados cuando indicadores clave (inflación alimentaria, precio del combustible, desempleo) superen umbrales definidos.
- Acceso a servicios complementarios: garantizar que la expansión de servicios básicos —salud, educación, saneamiento— acompañe a las transferencias para evitar que aumentos de precios básicos erosionen el poder adquisitivo.
Fases de implementación y estimaciones prudentes
- Corto plazo (6–12 meses): suprimir las exenciones fiscales más obvias, robustecer los controles en las aduanas, poner en marcha campañas de regularización voluntaria y ampliar por un periodo limitado las transferencias dirigidas a los hogares con menores ingresos ante episodios de alzas de precios.
- Mediano plazo (1–3 años): implementar la facturación electrónica, fortalecer el registro social único, aplicar tarifas sociales diferenciadas e introducir ajustes en los tramos del impuesto sobre la renta.
- Largo plazo (3–5 años): afianzar transformaciones estructurales que impulsen una recaudación sostenible, como un impuesto al patrimonio bien estructurado, la formalización amplia de microempresas y una gestión más eficaz de las empresas estatales.
Con avances administrativos y una depuración de exenciones poco efectivas, resulta factible obtener incrementos de recaudación que representen una porción significativa del producto interno bruto en un lapso de pocos años, destinando esos fondos a mantener transferencias focalizadas y a impulsar inversión en salud, educación e infraestructura que atenúe la vulnerabilidad estructural.
Referencias y aprendizajes internacionales relevantes
- Programas de transferencias condicionadas: experiencias en varios países muestran que apoyos directos bien focalizados reducen pobreza y mejoran indicadores de salud y educación sin afectar la recaudación si se financian con reformas progresivas.
- Digitalización tributaria: estados que modernizaron facturación y cruce de datos han aumentado la recaudación y reducido la evasión sin elevar tasas nominales.
- Subsidios focalizados: sustituir subsidios universales por subvenciones dirigidas reduce el gasto público y mejora la equidad, siempre que exista un registro social confiable.
Pakistán puede aumentar recursos fiscales de forma significativa sin ahogar a hogares vulnerables si combina reformas que hagan más progresivo el sistema tributario, modernicen la administración y redirijan subsidios universales hacia apoyos focalizados y automáticos en tiempos de choque. La clave está en la secuencia: comenzar por medidas administrativas de alto retorno, diseñar una política fiscal que grave más a quienes tienen mayor capacidad, y al mismo tiempo fortalecer sistemas de protección social basados en registros confiables y pagos digitales. Con comunicación transparente y monitoreo riguroso, es posible mejorar la sostenibilidad fiscal y reducir la vulnerabilidad social de manera complementaria.
