Salvador Nasralla, una reconocida figura en la política de Honduras, hizo una acusación pública sobre lo que él ve como un intento intencional de detener las elecciones generales previstas para 2025, tras la intervención en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta situación ha provocado tensiones en el ámbito político nacional, destacándose las diferencias entre diversos sectores sobre la transparencia del proceso electoral y la autonomía de las entidades responsables de asegurarla.
La denuncia de Nasralla se produce tras la decisión de intervenir el CNE, medida que fue interpretada por diversos sectores como una maniobra política orientada a obstaculizar el calendario electoral. A su juicio, el oficialismo busca ganar tiempo, eliminar adversarios y consolidar un control institucional que le garantice mantenerse en el poder. El político advirtió que esta acción representa una amenaza directa a la democracia y a la voluntad popular, especialmente en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
Nasralla expresó preocupación por la aparente pasividad con la que se ha manejado la situación dentro del propio CNE, que hasta el momento no ha emitido una declaración contundente para esclarecer el rumbo del proceso. Esta falta de comunicación, señaló, solo alimenta las sospechas sobre una posible suspensión de las elecciones, lo que considera un escenario inaceptable para la democracia del país.
El dirigente también hizo hincapié en que su partido, Salvador de Honduras, no ha sido notificado oficialmente sobre ninguna irregularidad o investigación relacionada con su estatus legal, a pesar de versiones que circularon sugiriendo que estaría bajo observación. Según Nasralla, estas informaciones forman parte de una campaña de desinformación orientada a debilitar su candidatura y crear un clima de incertidumbre.
En sus afirmaciones, el exaspirante a la presidencia rememoró que Honduras ha vivido anteriormente elecciones caracterizadas por anomalías y críticas, y afirmó que no dejará que se vuelva a presentar una situación semejante. Confirmó su compromiso de proteger el derecho de los hondureños a escoger libremente a sus dirigentes y exhortó a la ciudadanía a permanecer alerta y participativa ante cualquier intento de manipulación institucional.
La acción del CNE ha sido cuestionada por múltiples agentes políticos y colectivos de la sociedad civil, quienes creen que la independencia de las entidades electorales debe mantenerse sin excepción. La iniciativa, cuya justificación oficial aún no se ha explicado completamente, suscita dudas sobre el alcance de las modificaciones o medidas que podrían adoptarse en el contexto de la intervención.
A pesar de la controversia, algunos sectores del oficialismo han defendido la decisión como un esfuerzo por mejorar la eficiencia y transparencia del proceso electoral. Según estos argumentos, la intervención buscaría corregir deficiencias técnicas y administrativas que podrían comprometer el desarrollo normal de los comicios. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por quienes interpretan la acción como una jugada política con fines estratégicos.
En este contexto, observadores internacionales y organismos defensores de los derechos democráticos han comenzado a manifestar preocupación ante la posibilidad de que el proceso electoral en Honduras sufra retrocesos. Algunos analistas advierten que cualquier intento de posponer o condicionar las elecciones podría derivar en una crisis de gobernabilidad, especialmente si no se cuenta con el respaldo de amplios sectores de la sociedad.
Nasralla, por otro lado, ha subrayado la relevancia de preservar sin cambios el cronograma electoral, asegurar una participación justa para todos los partidos y restaurar la confianza en el CNE. Afirmó que su batalla no es únicamente por una postulación, sino por la institucionalidad y el respeto al sufragio popular, elementos esenciales de cualquier sistema democrático.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste. La ciudadanía, aún marcada por la desconfianza hacia las estructuras estatales, observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos, a la espera de claridad y garantías. En un país con antecedentes de crisis políticas y electorales, cualquier decisión que altere la ruta hacia las urnas podría tener consecuencias de gran calado.
